Por Andrés Madrazo, estudiante de FCEA

Analizando el presupuesto para la educación

«Migajas», así describió el presupuesto para la Fiscalía el presidente de la Asociación de Magistrado Fiscales el Dr. William Rosa. La misma apreciación se podría hacer para el tema que nos concierne, la educación universitaria. Del presupuesto se ha hablado mucho en la prensa. Sus propios creadores han dicho que este es el más austero de todos los gobiernos del FA, por la herencia fiscal que han recibido. Definieron este presupuesto como el presupuesto «posible». En Uruguay estamos muy acostumbrados a que se hable de «lo posible». Vivimos en el Uruguay de lo posible, ese país en el que 1 de cada 3 niños menores de 6 años es pobre, donde los alquileres promedio están por encima del salario mínimo, en donde el 20% de la población gana menos de 25.000 pesos y en donde la tasa de homicidios, en varios barrios de su capital, supera la de países centroamericanos. Este es el Uruguay de lo posible, en el cual la mayoría de la población ya no vive, sino que sobrevive.

A la hora de analizar el presupuesto, es necesario hacer algunas aclaraciones. Este parte de la línea de gasto del que fue aprobado en el gobierno de Lacalle Pou, siguiendo la lógica de los sucesivos gobiernos, los cuales siempre partieron del anterior para hacer sus modificaciones. Este presupuesto carga sobre las espaldas de los trabajadores la mitad de los ingresos que tendrá el Estado. El 50% de estos ingresos son por impuestos al consumo: el IVA, el IRPF —mal llamado impuesto a la renta, que grava mayoritariamente a los sueldos— y el IASS —impuesto a las jubilaciones más altas—. En materia de remuneraciones de los trabajadores del sector público, apenas se destinará en este quinquenio el 5% del presupuesto. En lo que refiere a la inversión pública, lo destinado será de apenas un 1,5%. El análisis que pode-mos hacer con estos datos, es que la mayoría de la carga fiscal impositiva del país caerá sobre los trabajadores y jubilados, mientras que no se abrirán nuevos puestos de trabajo en el sector público y, en materia salarial, el ingreso de los trabajadores permanecerá estancado. Lo mismo sucede con la inversión pública, que no crecerá en estos 5 años.

La otra cara de la moneda son las exoneraciones fiscales, las cuales siguen aumentando. En 2024, se exoneraron 1.186 millones de dólares por IRAE y 1.137 millones de dólares por Impuesto al patrimonio. Esto representó un incremento de las exoneraciones de aproximadamente un 50% con respecto a años anteriores. En su conjunto ambos montos equivalen al 3% del PBI y a la mitad de las exoneraciones fiscales que brinda el país.

En materia educativa la Universidad de la República (Udelar) solicitó 356 millones de dólares de incremento presupuestal, para garantizar la calidad académica, el mantenimiento de sus funciones y el cumplimiento del plan estratégico para este quinquenio. A su vez, la necesi-dad de esta solicitud radica en que los pedidos de la Universidad para los anteriores gobiernos fueron atendidos parcialmente. Se le asignó el 43% de lo pedido para el periodo 2010-2014; el 19% para 2015-2019 y el 21% para 2020-2024.

El 40% del presupuesto solicitado era para la adecuación salarial de los docentes y funcionarios, especialmente del salario de los grados 1 y 2, cuyos sueldos son de alrededor de unos 22 mil y 30 mil pesos respectivamente. Se buscaba, con este pedido, que los salarios se equiparen con los que pagan la UTEC y otras universidades públicas de la región. Los salarios de los trabajadores docentes y no docentes de la Universidad son los más sumergidos de toda la educación.

Adicionalmente, otro porcentaje de lo solicitado correspondía a obras de infraestructura: La construcción de nuevas sedes para la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y de Química; la generación de un campus universitario en Parque Batlle; la consolidación de los Centros Universitarios Regionales (Cenur), concretamente, nuevas sedes para el suroeste que abarca a Colonia y Soriano, y nuevos locales en el litoral norte y noreste, además del estudio de una posible creación de otro edificio en el centrosur del país. A su vez, se buscaba la creación y el fortalecimiento de las carreras en el interior, avanzar en sistemas de posgrado en los departamentos y la radicación de docentes en ellos para que no sea necesario viajar al interior y tener clases via remota. Por último, pero no menos importante, se pidieron recursos para continuar con la modernización del Hospital de Clínicas.

A pesar de la necesidad de los incrementos presupuestales solicitados, apenas se le otorgó un incremento presupuestal del 1,8 %, distribuidas en tres partes: 3,75 millones de dólares destinados a becas de grado, 2,5 millones para horas docentes, y otros 2,5 millones para obras del Hospital de Clínicas, dejando de lado de las obras en el interior, lo cual vulnera el acceso a la educación pública universitaria de los estudiantes de esos departamentos, dejando rezagados a los estudiantes más necesitados, quienes, si no cuentan con dinero para trasladarse a Montevideo, no podrán continuar con sus estudios.

Esta asignación es absolutamente insuficiente para garantizar ya ni siquiera mejoras a la situación actual, sino también el funcionamiento de la Udelar. Sí bien se le otorgó a la Universidad una reasignación presupuestal, esta sigue siendo insuficiente y está lejos de satisfacer el pedido que hizo la Universidad de la República. La Universidad ha sido de las instituciones más golpeadas debido a que se prevé que su participación en el PBI se reduzca significativamente.

La inversión en la educación pública se ubicó en el 4,7% del PBI en 2024. Según la Ley de Presupuesto Nacional, esa participación seguirá cayendo: En el 2026 será del 4,4% y en 2029 se reducirá al 4,2%. Si observamos detenidamente el presupuesto correspondiente a la Udelar, que hoy es del 0,8% del PBI, constataremos que este también se reducirá. La Universidad con su solicitud presupuestal pretendía llegar al 1,09% en 2029, pero con los recursos asignados y a juzgar por las distintas proyecciones, la inversión en la Udelar caerá al 0,73%.

Debido a esto es que la situación futura de la Udelar será crítica. Ya lo es por la falta de docentes, de funcionarios, de infraestructura, de carreras que no están completas en el interior y de locales que ya se quedan chicos para albergar a la cantidad de estudiantes que se tiene actualmente.

La Udelar pasó de 115.606 estudiantes activos en 2013 a 162.364 en 2024. Las proyecciones indican que esa tendencia continuará al alza hacia el año 2029. El dato más relevante: En 2024, el 36,6% de los y las estudiantes provenían de hogares con un bajo nivel educativo, y el 54,8% era primera generación universitaria en su familia.

Es absolutamente injustificable que con el alza en la cantidad de estudiantes, la Universidad pierda participación en el PBI. Esto compromete significativamente la calidad y el mantenimiento de sus formaciones.

En relación a los otros subsistemas de la educación pública el refuerzo presupuestal también puede ser catalogado como insuficiente.

La ANEP le solicitó al Poder Ejecutivo un incremento presupuestal para poder afrontar gastos ya existentes que actualmente no cuentan con un financiamiento regular. Estos gastos provienen del déficit en los demás subsistemas —Consejo de Formación en Educación y UTU—, las políticas de la llamada transformación educativa —Plan Avanza— y las necesidades de mantenimiento y funcionamiento, como el pago a empresas de limpieza y vigilancia. Para estas funciones no existió aumento presupuestal alguno.

A pesar de eso, el gobierno sí otorgó incrementos presupuestales enfocados a las becas en formación docente, a los servicios de alimentación de educación media, y un bono de apoyo económico a niños de la educación inicial y primaria de escuelas públicas.

En las becas para la formación de futuros docentes habrá un menor refuerzo, debido a que a lo largo del quinquenio, se destinarán 72 millones de pesos por año, monto que se termina licuando como consecuencia de la inflación y que en el primer año representará el 43% de lo solicitado y en el quinto apenas llegará al 14%.

En el bono de apoyo económico a niños hay que reconocer que para el 2029 se llegará a cubrir casi en su totalidad lo solicitado en un 97%. Sin embargo, en el primer año tan solo se llega a cubrir el 54%.

En líneas generales, del refuerzo presupuestal solicitado por la ANEP, el Poder Ejecutivo ligeramente logra asignar para el 2026 el 29,41%, mientras que para el 2029 ese porcentaje apenas alcanzará el 11.29%.

Cabe subrayar de todas formas que pese a los leves incrementos, para lo edilicio no habrá inversión presupuestal. No está proyectada la construcción de ninguna escuela ni liceo en todo el país a lo largo de los 5 años, lo que reafirma nuestra convicción de que el dinero invertido en la educación es insuficiente y, en este caso en particular, puede llevar a que se agrave el hacinamiento en las instituciones educativas, con más estudiantes por clase, La falta de inversión se traduce en una menor calidad educativa.

Para la UTEC, el presupuesto asignado tampoco llega a alcanzar las expectativas ni los montos solicitados. En líneas generales, el aumento presupuestal otorgado para el 2026 representará el 69% del pedido, mientras que para el 2029, ese porcentaje disminuirá al 59%. Adicionalmente, hay que tener en consideración que el aumento asignado en pesos, permanecerá estático a lo largo del quinquenio, lo que significa que parte de lo otorgado se licuará como consecuencia de la inflación y el dinero disponible para el organismo disminuirá.

Habiendo analizado esta ley, podemos concluir claramente que este presupuesto

está lejos de ser un presupuesto de un gobierno que dice ser —o quiere ser— de izquierda. Mientras los estudiantes, sobre todo los del interior, ven vulnerados su derecho a la educación y escasamente se logra un incremento presupuestal que se mantiene insuficiente, las exoneraciones fiscales de impuestos a las zonas francas y a las multinacionales siguen en aumento.